Es indudable que uno de los grandes pendientes que tenemos para lograr la debida implementación del sistema acusatorio en México y en general, para mejorar la procuración e impartición de justicia en el país, es la transformación de la figura del ministerio público. Conocemos de sobra lo tortuoso que resulta interponer una denuncia, intentar que esta se investigue y no se diga, tratar de probar el caso ante un juez. Por esto, las cifras de corrupción e impunidad no sorprenden mucho. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, en México se denuncian 7 de cada 100 delitos y sólo el 4.46% de los delitos consumados tienen sentencia condenatoria. La misma encuesta señala que 65.8% de la población considera que los ministerios públicos son corruptos. Estos datos reflejan que tanto la Procuraduría General de la República, como las procuradurías estatales, no están haciendo bien su trabajo y requieren de una reingeniería mayor.

Estas son algunas de las razones por las que a nivel federal se pretende transformar la Procuraduría General de la República por una Fiscalía General autónoma, que tenga mejores resultados. Si bien el tema no ha carecido de reflectores, actualmente, el debate se ha centrado en la figura del o de la nueva Fiscal, su nombramiento y autonomía. Se ha criticado acertadamente la reforma constitucional de 2013, especialmente por el famoso, y hasta cierto punto ridículo, pase automático establecido en el Décimo Sexto Transitorio, para que el Procurador de la República en turno se convierta en Fiscal General. Al respecto, recientemente se presentó al Senado de la República una propuesta de reforma constitucional muy interesante, de los colectivos “Fiscalía que Sirva” y “Vamos por más”, que busca dar respuesta a esta y otras problemáticas respecto a los requisitos de elegibilidad y proceso de nombramiento de la Fiscalía.

Sin duda, es fundamental garantizar que el o la Fiscal General de la República sea no nada más imparcial, sino también honesto y capaz. Este será un líder transcendental para el cambio a una nueva Fiscalía en un inicio y una figura con enorme poder, pues además de gozar de autonomía, nombrará en el futuro al Fiscal Anticorrupción y al Fiscal de Delitos Electorales. No obstante esto, no podemos perder de vista que la transformación de las procuradurías va a requerir mucho más que un Fiscal verdaderamente autónomo. La autonomía servirá de muy poco si las fiscalías sigue contando con estructuras anquilosadas, servicios de atención a víctimas deficientes, procesos de gestión lentos y personal corrupto e incapaz.

Por ello es tan importante que antes de emitir la Ley Reglamentaria de la Fiscalía, se defina a conciencia cuál va a ser el diseño de esta nueva institución y cómo se va a lograr la transición al nuevo modelo que se propone. Es una labor que nos obliga a pensar fuera de la caja y encontrar respuestas donde no las hemos buscado, de lo contrario, volveremos a los lugares comunes como mejorar la capacitación, reformar determinadas normas y crear más protocolos. Necesitamos voltear a ver las experiencias de otros países y escuchar voces de ingenieros, abogados, criminólogos, académicos, politólogos, administradores, funcionarios públicos estatales y federales y de las organizaciones civiles etc. Solo así podremos identificar las mejores estrategias sobre los modelos de investigación y análisis criminal, la generación de bases de datos interconectadas, el servicio profesional de carrera y los servicios de atención temprana, entre otras. Tenemos además que definir los aspectos a nivel sistémico para garantizar el funcionamiento de la nueva fiscalía, lo que implica definir mejor quiénes deben diseñar en los ámbitos nacional y estatal la política criminal, prácticamente inexistente, misma que tendrá que guiar la política de persecución penal de las fiscalías.

Afortunadamente, ya existen esfuerzos muy importantes que van en este sentido. Recientemente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Centro Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, realizaron de mayo a agosto de este año una Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia que tuvo como objetivo intercambiar puntos de vista y presentar propuestas específicas para mejorar el actual modelo de procuración de justicia en México. La consulta se realizó en la Ciudad de México y en otras 8 ciudades del país, participando más de 170 expertos en 16 mesas de análisis y 288 personas en 11 foros públicos. Se espera que en las próximas semanas se presente el informe que plasmará las conclusiones de dicho ejercicio. Tendremos que estar muy atentos a estos resultados para identificar qué se puede rescatar de dicho informe y avanzar en la construcción, no solo de la Fiscalía General de la República, sino de todas las fiscalías del país.

 

Bertha Alcalde | @BerthaAlcalde
Investigadora asociada en el proyecto Reforma Penal de Borde Político A.C.