Una de las deudas más grandes en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio es la restructuración de las procuradurías o fiscalías, específicamente en lo relativo con el modelo de investigación. Actualmente, buena parte de la investigación que realiza tanto la Procuraduría General de la República como las procuradurías locales es mínima o de muy mala calidad, no se han conformado equipos de investigación y análisis criminal coordinados capaces de realizar buenas investigaciones. Casi todos los casos que se procesan inician con detención en flagrancia, lo que quiere decir que si no se agarra al delincuente con “las manos en la masa” es muy difícil que se logre dar con él, y aún en esos casos no siempre se logra ni siquiera iniciar un proceso ante el juez, no se diga llevarlo a juicio. Muchos de nosotros hemos vivido esas deficiencias; cuando denunciamos un delito por ejemplo, y brindamos información que fácilmente puede guiar una investigación (como nombres de personas, videos, fotografías, documentos) raramente se hace algo y todo avanza extremadamente lento.

Por otro lado, la poca investigación que se hace consiste en un continuo ir y venir de oficios y llenado de actas en un escritorio. No se ha logrado comprender por los operadores uno de los cambios más importantes de la reforma penal: la desformalización de la investigación. No se ha entendido que los registros de la investigación que se van conformando en la llamada “carpeta de investigación” no son las pruebas en el proceso, que al final lo único que vale para la sentencia es lo que se dice en juicio.

¿Cómo generamos entonces un modelo de investigación más eficiente? ¿En dónde podemos empezar?

Para responder esas preguntas es importante analizar experiencias y propuestas que operadores y expertos ya pusieron sobre la mesa. Recientemente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) publicaron un Informe derivado de una Consulta Nacional para generar un nuevo modelo de procuración de justicia en donde participaron más de 400 personas de diversos perfiles y lugares del país. Como punto de partida para el diseño de un nuevo modelo de investigación vale la pena retomar tres de las propuestas más relevantes del informe respecto a este tema tan importante para la impartición de justicia en México y la batalla contra la impunidad.

  1. Dejar la labor de investigación en las policías

El informe establece que es preciso aclarar que la labor de investigación corresponde esencialmente a los policías, son ellos los que deben realizar inteligencia, entrevistar a posibles testigos, solicitar servicios periciales, acudir al lugar de los hechos y realizar las diligencias necesarias. El ministerio público lo que hace es llevar los casos a proceso, litigar y determinar las necesidades probatorias de estos. El control que ejerce sobre la investigación es relativo, si bien puede solicitar determinadas diligencias para fortalecer sus casos y obtener determinadas pruebas, no tiene que autorizar o solicitar cada acto de investigación que hace la policía o cada dictamen que hace un perito. Esto implica probablemente una reforma al artículo 21 constitucional donde se establece que la conducción y mando de la investigación recae en el ministerio público, lo que recientemente ha sido interpretado por la Suprema Corte como un control estricto que no da flexibilidad a los policías para investigar.

  1. Células de investigación con estructuras flexibles

Una de las propuestas más innovadoras del informe es la creación de unidades flexibles de investigación integradas por ministerios públicos, agentes de investigación y por criminalistas, o determinados peritos. Las unidades de investigación limitan el modelo de organización y división de funciones por especialización del delito que existe actualmente. Esto permitirá responder de manera más eficiente a planes de persecución penal que atiendan a la realidad criminal cambiante. Las células únicamente se encargaran de aquellos delitos que reúnen los elementos mínimos para integrar una investigación y no se pueden resolver desde un inicio, los demás casos serían enviados a la Unidad de tramitación masiva o la Unidad de justicia alternativa.

Algo fundamental de este modelo es que dichas unidades gocen de independencia, y por consiguiente tengan responsabilidad, en la toma de decisiones sobre la investigación y el proceso. Si bien puede haber un superior jerárquico que supervise, como por ejemplo un fiscal regional o un fiscal estatal, este no puede interferir en la toma de decisiones operativas de la investigación o el proceso de las unidades, lo que actualmente ha obstaculizado mucho la labor de de las procuradurías.

  1. Creación de un Servicio de Análisis y Pericial

Se propone contemplar la creación de un Servicio especializado en inteligencia criminal y servicios periciales con autonomía técnica. Esta unidad además de prestar servicios forenses o periciales como apoyo a las unidades de investigación, también tendrá especialistas que generen inteligencia estratégica y táctica. La primera de ellas tiene que ver con analizar patrones delictivos, es decir determinar qué delitos se están cometiendo, en dónde, en qué horarios, con qué frecuencia; para de esta forma poder combatir mejor la criminalidad y servir de insumo para la creación de planes de persecución penal. La inteligencia táctica a su vez, tiene que ver con la investigación de delitos complejos que requieren conocimiento especializado para desarticular redes de infraestructura criminal, como los financieros o de delincuencia organizada.

Estas son solo algunas de las propuestas sobre el modelo de Investigación que incluye el Informe Ejecutivo de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, el cual también aborda otros temas fundamentales como la autonomía, el modelo de gestión, la política criminal y la atención a víctimas. Este se puede consultar en la página www.construyamosjusticia.mx.

Es de vital importancia exigir a los gobernantes que tomen en cuenta las ideas que provienen de ejercicios democráticos como este, en vez de improvisar reformas desinformadas derivadas de los intereses políticos de unos cuantos.

 

Bertha Alcalde | @BerthaAlcalde
Investigadora asociada en el proyecto Reforma Penal de Borde Político A.C.